jueves, 22 de enero de 2015

Criminalizando la Propiedad Intelectual en Internet: ¿Tratamiento Efectivo?



Con la creación de Internet, se ha permitido a la gente compartir información de manera casi instantánea para todo el mundo, esto ha permitido mejorar la comunicación entre las personas en el mundo. El acceso fácil a la información es una de las más grandes ventajas del uso de la Internet, pero esto también ha creado problemas, en especial con los creadores de contenido, ya que una persona puede fácilmente tomar posesión de algo y beneficiarse de manera injusta.
Este es uno de los mayores problemas en la actualidad respecto al uso de la Internet, como respuesta a esto, las principales industrias en producción de contenido han buscado la ayuda de los estados con el fin de combatir este problema, el cual le genera pérdidas millonarias.
Desde ya hace unos años, los estados de diferentes países del mundo han insistido en controlar el uso que le dan sus pobladores a la Internet, siendo los principales interesados las potencias mundiales. Todo esto con el fin de buscar que se respeten los derechos de autor en el mundo y de criminalizar toda violación a éstos.
Entre los principales proyectos de ley que buscaban esto se encuentran la ley SOPA, PIPA y OPEN en Estados Unidos. Es necesario resaltar que las dos primeras buscan tener acceso casi total a la actividad de los usuarios de Internet de los países que lo implementen y que la ley OPEN busca impedir que las personas que violen la propiedad intelectual se beneficien de esto, siendo las dos primeras las que tienen mayor apoyo de los representantes de la industria musical y cinematográfica, pero no de las empresas que trabajan con la Internet como Google, Facebook, etc., mientras que la ley OPEN cuenta con la aceptación de Google y Facebook, pero no de la industria musical y cinematográfica.
La Stop Online Privacy Act, conocida también como la ley SOPA consiste en la solicitud de una orden judicial para bloquear la publicidad y las redes de pago que proveen las ganancias del sitio infractor y el bloqueo de los resultados que conducen al sitio a través de los motores de búsqueda. Incluye además la posibilidad de conseguir una orden judicial para que los proveedores de Internet bloqueen el acceso al sitio infractor. La ley podría extender las existentes leyes penales, incluyendo al streaming de material con derechos como actitud que puede ser penalizada; e imponiendo una pena de hasta cinco años en prisión.
Quienes proponen la ley aducen que protegería al mercado de la propiedad intelectual y su correspondiente industria, empleos y beneficios, y que es necesaria para fortalecer las actuales leyes, haciéndolas más fuertes, ya que las actuales leyes presentan fallas por ejemplo al cubrir situaciones donde los sitios infractores se encuentran fuera del territorio de los Estados Unidos.
Los opositores a esta ley afirmaban que la legislación propuesta amenaza la libertad de expresión, la inversión y las innovaciones en Internet, ya que capacita a la justicia a bloquear el acceso a un dominio completo por una infracción única en una única página web.
La Protect IP Act, conocida también como ley PIPA buscaba proveer «mejoras en la aplicación contra sitios web operados y registrados en el extranjero» y autoriza al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a obtener órdenes judiciales in rem contra sitios web dedicados a actividades infractoras, si es que por medio de una debida diligencia, no fuera posible localizar a un individuo que conste como propietario u operador del sitio. El proyecto requiere que el Fiscal general de los Estados Unidos notifique al demandado. Una vez que la corte publique una orden, esta puede ser utilizada para requerir a los proveedores de servicios financieros, servicios de avisos publicitarios en Internet, proveedores de servicios de Internet y herramientas para localizar información, que cesen de realizar transacciones financieras con el sitio infractor y remuevan los enlaces que vinculan con el mismo. El término «herramienta para localizar información»  se sobreentiende que se refiere a motores de búsqueda, pero podría ser también utilizado para cubrir aquellos sitios que facilitan vínculos al contenido.
La respuesta general a esta ley fue similar a la de la ley SOPA, ya que afectaría no sólo a las página infractoras, sino también a cualquier página que por descuido incluya contenido de terceros, así como a las páginas de creación de contenido, como YouTube. Además sería una amenaza a los negocios y a la innovación ya que correría el riesgo de amenazas de denuncia por parte de personas mal intencionadas lo que generaría un desaliento en la innovación de la Internet.
En respuesta a la ley SOPA y la ley PIPA, las diferentes comunidades de Internet decidieron protestar contra lo que consideraban una violación de la libertad de expresión en Internet, con diferentes campañas, siendo la más conocida el “apagón de Internet” el 18 de enero del 2012 donde sitios como Wikipedia le dieron de baja a sus servicios ese día a modo de protesta, y otros como Google y Mozilla incluyeron banners en sus sitios con el fin de generar conciencia en la población.
Resultado de estas protestas, la ley SOPA no fue aprobada y el proyecto de ley de la ley PIPA fue pospuesto hasta que se solucionen los puntos negativos de éste.
La ley OPEN, a diferencia de SOPA y PIPA, esta iniciativa propone redirigir el entorno de las demandas desde el Departamento de Justicia hacia la Comisión Internacional de Comercio para investigar y procesar cada caso.
Además de atacar a aquellos sitios que específicamente contengan material que esté violando derechos de propiedad intelectual, la ley OPEN busca cortar la capacidad de financiarse que tienen estos sitios, solicitando a servicios de transacciones o de publicidad online que interrumpan toda relación con la página investigada.
El foco de esta iniciativa se centra en el pirata y su capacidad de ganar dinero siempre bajo un proceso de investigación existente, pero sin bloquear dominios y filtrar DNS. Además, en caso de que una investigación requiera un incremento en sus costos, la Comisión Internacional de Comercio podría solicitar una cuota al demandante para cubrir los gastos.
Este proyecto, cuenta con el apoyo de Google y Facebook pero los representantes de la industria musical y  cinematográfica no están de acuerdo.
La influencia que pudieron hacer en Perú estas leyes habría sido considerable, considerando las relaciones comerciales que tenemos con ese país. Pero al no haberse aprobado ninguna de estas leyes, no seremos capaces de ver el impacto real de éstas.
Lo que sí ha quedado claro es que hasta que no se aprueben medidas para controlar el contenido de Internet siempre se van a presentar más proyectos.
Como la propuesta de la ley Sinde en España, la ley Hadopi en Francia, o en el caso reciente en Perú del TPP o Acuerdo Transpacífico que busca saltarse cualquier proceso judicial con el fin de perseguir a los piratas informáticos.
De acuerdo al TPP, la responsabilidad de que se cumpla lo que plantean caería sobre los proveedores de Internet, lo cuales tendrían acceso a toda nuestra actividad en Internet usando los derechos de autor como excusa para eliminar nuestra libertad de expresión.
En Perú hubo temor de que el TPP se vuelva una especie de SOPA, debido a la insistencia del presidente Ollanta Humala en impulsar activamente la iniciativa. Aunque Mincetur indicó que la propuesta no tendría ninguna relación con la ley SOPA, aún queda el malestar de la población ante una posible violación de sus derechos.
Algo que si queda claro en todo esto es que mientras que la población luche por el respeto de la libertad de expresión en Internet, ninguna de estas propuestas va a tener una aceptación general y siempre va a existir un grupo de personas dispuestas a luchar contra éstas.
El interés de la industria por proteger el contenido que ofrece es entendible y está justificado, lo que no es aceptable es a los extremos a los que pretende llegar y a la ambigüedad en los límites que se impone para lograr sus objetivos.
Con los esfuerzos fallidos de los estados y las industrias es necesario preguntarnos: ¿Es recomendable criminalizar la propiedad intelectual en Internet? ¿No existirá otra solución ante este problema?
Tenemos que entender que las cosas no funcionan de igual manera en Internet, intentar plantear soluciones que serían factibles fuera de Internet no tendría el mismo resultado. Al no ser un experto en derecho no puedo plantear soluciones a este problema, pero lo que sí puedo decir es que las cosas ya no son como eran antes y al intentar criminalizar algo en un lugar en la que identificar individuales es algo que toma recursos y tiempo también podría afectar a personas que no tienen nada que ver con el problema.
Como en el caso del cierre de Megaupload por actividades de enriquecimiento ilícito por parte de los empleados de la empresa, ya que se beneficiaban por contenido de terceros almacenado en sus servidores.
Como respuesta a este caso, el fundador de Megaupload, Kim Dotcom, decidió implementar encriptación es su nuevo servicio, Mega, con el fin de evitar que gente indeseada tenga acceso a la información contenida a estos y hacía responsables a los uploaders (la gente que sube archivos) de la información que estaba en sus servidores.
Si decidimos darle un gran poder a la industria y no le imponemos límites, dará paso a que se cometan abusos por parte de esta. Como en el caso de Apdayc en Perú, asociación que se encarga de controlar la propiedad intelectual de los cantautores, en este caso la asociación cuenta con permiso del estado para obrar según crea conveniente, provocando que se comenta abusos por parte de ésta. Llevando al caso de cobros indebidos, corrupción, etc.
Ahora que estamos hablando de límites ambiguos, aquí en Perú tenemos la Ley de Delitos Informáticos, la cual busca de alguna manera regular el uso que le dan las personas a la Internet, pero lo que es preocupante es la ambigüedad con la que está planteada, pudiéndose interpretar libremente de acuerdo a la situación, lo que generaría un problema a la hora de su implementación ya que muchas actividades realizadas de manera cotidiana podrían ser consideradas ilegales, como el uso de bases de datos. En base a las quejas planteadas por la población, se indicó que la ley sería modificada en caso de encontrar irregularidades.
La lección de esto es que en vez de crear una ley mal planteada y mejorarla en el camino, se debería plantear una buena ley, como la que originalmente se buscaba crear. Además también queda recalcar la idea de que siempre es necesario establecer límites claro a la hora de dar permisos a diversas instituciones reguladoras y al estado en el caso de que se decida encargarles alguna responsabilidad.
Finalmente es importante entender que es necesario cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a la forma de actuar en Internet, y que las soluciones que podrían funcionar en fuera de éste no tendrían el mismo impacto en la Internet. Si intentamos criminalizar la propiedad intelectual en Internet, sólo estaríamos poniendo una barrera que sería fácil de saltar a los criminales y que podría ocasionar problemas a las personas que no están involucradas en este tipo de actividades, así como afectaríamos a la creación de contenidos en Internet ya que las personas estarían desanimadas por miedo a violar algunas de las normas que podrían establecerse.
La mejor solución sería buscar alternativas que no impliquen violar la privacidad y la libertad de expresión de las personas.


Consultas bibliográficas:




-         -    SOPA - Wikipedia
-         -   PIPA - Wikipedia



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